1. Introducción

Después de los periodos dictatoriales vividos por nuestros países (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y España) se experimentó en la sociedad en su totalidad y, particularmente en los campos de la Educación y de la Educación Física, un momento que tal vez podríamos caracterizar como de optimismo pedagógico, especialmente en relación con los procesos políticos, es decir, con la construcción de la democracia. Era de esperar que ese clima político también se hiciese presente en esos campos e impactase en sus profesionales. Los autores involucrados en la construcción de este dosier, unos más otros menos, en sus respectivos países en esos momentos formaron parte y quedaron involucrados en esos procesos. Las décadas de los ochenta y noventa nos ofrecían esas expectativas y no fuimos pocos quienes concentramos nuestros esfuerzos en pensar y proponer a la Educación y a la Educación Física como protagonistas en la construcción de una sociedad democrática, igualitaria y justa. En el ámbito de la Educación, con reflejos en la Educación Física, incidimos en el surgimiento y construcción de una perspectiva crítica que se imponía como tarea la de promover acciones educativas con vistas a la formación de sujetos capaces y dispuestos a transformar la sociedad en la dirección de la democracia y la justicia social. Más allá de esa perspectiva común más general, existían diferencias en relación con los caminos a ser recorridos para alcanzar aquellos objetivos, así como diferentes formas de entender el modelo o el proyecto de sociedad –cómo sería una sociedad democrática, igualitaria y justa- que buscábamos: estaban presentes, al mismo tiempo, desde posiciones de corte reformistas hasta revolucionarias.

Lo que nos movilizó para la realización de este proyecto, cuyos resultados constituyen el presente dosier, fue una cierta incomodidad respecto de haber construido parcialmente o malogrado aquellas esperanzas que depositamos en aquella empresa. No se trata aquí de hacer un balance detallado de los avances, permanencias o retrocesos en el desarrollo de nuestro campo; se trata, antes bien, de discutir la percepción de que, no sólo no avanzamos como lo habíamos esperado, sino que existen bloqueos que nos hacen tener la sensación de estar patinando o corriendo en el mismo lugar, como también, inclusive, la posibilidad de haber sufrido reveses (en el plano político y, consecuentemente también, en el de las políticas públicas relativas a la Educación, a la Educación Física y a las prácticas corporales). Para este propósito, renunciamos a una metodología que nos llevaría al plano micro y privilegiamos una mirada más general, una especie de diagnóstico de época, para identificar cuáles son los movimientos en la sociedad que estarían dificultando o impidiendo que “avancemos” como sería deseable. Somos, por lo tanto, concientes de que en cada uno de nuestros países una perspectiva crítica de la Educación Física se hace presente y que, a su vez, presenta diferentes niveles de desarrollo, así como también enfrenta problemas específicos y comunes; sin embargo, no fue esa nuestra opción metodológica.

De este modo, el objetivo de este artículo inicial es esbozar un cuadro general del desarrollo de nuestras sociedades a partir de ciertos conceptos generales como el de modernidad (posmodernidad), (neo)liberalismo, capitalismo, socialismo y democracia, reconociendo cómo la Educación y la Educación Física son afectados por esos procesos. En los artículos siguientes encontraremos, entonces el tratamiento de temas más específicos del campo, discutiendo cómo ese cuadro más general impacta en la cuestión de la corporalidad, la formación profesional en la Educación Física, las políticas públicas para el sector y la Educación Física escolar.

Si entendemos a la Educación Física en un sentido restringido como una práctica pedagógica que tiene lugar en la institución escolar, entonces veremos que es la escuela quien la acompaña prácticamente desde su consolidación en la modernidad en el momento en que emergen los Estados Nacionales. O sea, a pesar del frecuente cuestionamiento de su pertenencia, mal o bien, la Educación Física ha sido parte de la estructura curricular hasta nuestros días. Ahora, sabemos que los currículos escolares más allá de ser espacios de lucha política en la medida en que son objeto de disputa por la formación del ciudadano considerada más adecuada, son concomitantemente alimentados y alterados por los desarrollos sociales –económicos, políticos y culturales- más amplios. En consecuencia, es preciso situar esa práctica social en el contexto de esos desarrollos contemporáneos.

2. (Neo)liberalismo y democracia en la actualidad

El mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial asistió a la formación de dos grandes bloques mundiales; por un lado, las llamadas sociedades liberales democráticas con sus economías de mercado capitalistas, lideradas por los Estados Unidos y, por otro, las experiencias socialistas con la Unión Soviética (URSS) a la cabeza, a partir de entonces los dos grandes players mundiales. Después de las grandes y sucesivas crisis de las últimas cuatro o cinco décadas, tanto en un bloque como de otro, nos enfrentamos hoy con un cuadro bastante distinto.

Sin entrar a evaluar la virtud de la tesis de que la segunda gran guerra mundial habría sido un factor de recuperación e impulso de las economías capitalistas occidentales, parece claro que se vivió, particularmente en los Estados Unidos y en Europa Occidental, una especie de optimismo en cuanto a la capacidad de esa forma de organización de la economía y de la sociedad (liberales democráticas) de proveer el bienestar para la mayoría de la población. Particularmente en Europa Occidental se esparció –con algún atraso en España y en Portugal que vivieron dictaduras hasta las décadas de 1960 y 1970- el llamado Estado de Bienestar Social (Welfare State) bajo los auspicios principalmente de gobiernos social-demócratas. En ese periodo las naciones del Sur (del llamado capitalismo periférico) eran consideradas subdesarrolladas dado que la tesis era la de que ellas podrían (y deberían) aspirar a alcanzar el estadio de desarrollo propio de las naciones europeas. La tesis contraria era la de que el subdesarrollo no era un estadio a ser superado, sino exactamente el producto del desarrollo observado en el llamado capitalismo central, es decir, el desarrollo (del norte) produciría el subdesarrollo (del sur): las llamadas teorías de la dependencia

Esta configuración se vio alterada, por un lado, a partir de una nueva crisis de acumulación del capital que busca ser superada por dos movimientos convergentes: una profundización o una forma de reafirmación del liberalismo económico, conocido como neoliberalismo; y una eliminación creciente de las fronteras nacionales con libre circulación del capital, llamada globalización.¹ La globalización impuso también la necesidad de formación de grandes bloques económicos y políticos como la Comunidad Económica Europea –luego absorbida por la Unión Europea- y, en el caso sudamericano, el Mercosur. Es importante resaltar que la profundización de la globalización económico-financiera le otorgó más poder al mundo empresarial (grandes empresas multinacionales), aumentando su capacidad de presión a los Estados Nacionales, al mismo tiempo que ellos vieron su soberanía económica y su capacidad de decisión política amenazados, lo que se sintió con mayor agudeza en los países del sur global, o sea, en los países periféricos.

Las experiencias del Welfare State de Europa Occidental posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron simultáneas a la construcción y el fortalecimiento de sociedades democráticas, y ya que sus economías funcionaban a partir de principios de mercado, se fue configurando algo así como economías sociales de mercado. Esas economías, no obstante, estaban constantemente tensionadas ya que los altos costos del mantenimiento del Estado de Bienestar Social ponían en riesgo su competitividad en el mercado mundial globalizado, lo que configuró la llamada “crisis fiscal”.² Las sociedades social-demócratas y los desarrollos del socialismo del este europeo, cada uno por motivos diversos, también produjeron grandes consecuencias para los movimientos políticos de izquierda, tanto en Europa como en otros lugares del mundo. Una de ellas fue que la revolución (socialista o proletaria) deja poco a poco de representar una bandera relevante para la izquierda, y el tema de la democracia pasa a ganar protagonismo a partir del mote de “socialismo democrático”.

Por otro lado, tuvimos el colapso de la Unión Soviética, cuyo símbolo mayor fue la caída del muro de Berlín (1989). El efecto de ese colapso fue principalmente ideológico, ya que mostró el ocaso de un modo de producción (economías centralmente planeadas) y político (el partido único), lo cual hizo creíble la versión de que no existe otra alternativa que las sociedades liberales democráticas, que se sostienen en el modo de producción capitalista y que eso habría sido lo mejor que la humanidad habría logrado producir hasta hoy.

La creencia en la necesidad e imperiosidad de la superación del modo de producción capitalista y la construcción –por la vía revolucionaria, sea lo que eso signifique en la práctica- de una sociedad socialista en dirección al comunismo no desapareció, pero continúa viva en apenas algunos segmentos políticos bastante minoritarios de la izquierda. Muy pocos partidos que ostentan el nombre de socialista (o comunista) y que tienen gran peso político en el escenario mundial se filian a esa perspectiva. Lo que vemos cada vez más, son esfuerzos en el sentido de revisar (¿de actualizar, tal vez?) la idea de socialismo teniendo a la vista los últimos acontecimientos económicos y políticos mundiales. Una situación recurrente en el marco de esos esfuerzos consiste en dar centralidad al tema de la democracia no ya refutando in totum la llamada democracia liberal (burguesa), sino buscando conciliarla con los principios socialistas.³

Una expresión, al menos en el plano europeo, de la necesidad de repensar las ideas originales del socialismo podemos encontrarla ya en Wellmer (1990) al revisar el recorrido del marxismo. Para este autor “el concepto de socialismo democrático (ya nadie habla comunismo) no designa hoy en día una evidencia histórico-filosófica, sino más bien un conjunto de problemas para cuya solución no existe una estrategia teórica previamente definida” (las cursivas son nuestras).

De este modo, la gran disputa política y económica de las últimas décadas –principalmente a partir del derrumbe del comunismo soviético, de la conversión de China a un capitalismo de Estado y de la conversión de los países del este europeo al modelo de sociedad de mercado- pasa a girar en torno del liberalismo (neoliberalismo) como soporte de una economía de mercado y de los regímenes democráticos que convencionalmente se dieron en llamar de “sociedades liberales democráticas”. Ese cuadro nos ofrece muchas cuestiones importantes. Entre otras, mencionamos: ¿en qué medida es posible conciliar los principios del liberalismo y la economía de mercado capitalista con la necesidad de profundización y ampliación de la democracia en el sentido de la libertad social? ¿Existe como alternativa una economía de mercado no capitalista o, en otros términos, una economía social de mercado? ¿Es posible una alternativa a la economía de mercado, capaz de producir bienestar para todos y, por lo tanto, capaz de reducir la desigualdad social?

Por otro lado, más allá de las cuestiones de orden económico con sus debates en torno a la desigualdad en la distribución de la renta y la pobreza y la explotación del trabajo, varios desarrollos y movimientos socioculturales (multiculturalismo) produjeron una ampliación de la agenda política, o sea, la democratización de la sociedad incorporó nuevos temas. Ese asunto ha sido denominado como “identitario” y comprende las relaciones de género, el racismo y la xenofobia, el machismo y el patriarcalismo, la inclusión de las personas con discapacidad. Esos temas han asistido al debate político con bastante fuerza, ampliando la discusión en torno de lo que se comprende como justicia social y derechos humanos. Esas cuestiones han contribuido para la afirmación del pluralismo (y de la diferencia y la diversidad) como característica y valor importante de la democracia. Otro tema que se le impone a en la agenda política fue el ecológico, principalmente en lo que se refiere a la amenaza del calentamiento global.

Sin embargo, la incorporación de ese pluralismo cultural a la agenda política no sucede sin controversias, inclusive en el ámbito de la izquierda. Se levanta la sospecha de que las “políticas de la diferencia” conducen a un desplazamiento de aquellas cuestiones más relevantes políticamente y, del mismo modo, terminan por fragmentar los esfuerzos en torno de aquello que se considera central que es el “igualitarismo”. Safatle, por ejemplo, entiende que “la lucha contra la desigualdad social y económica es la principal lucha política. Ella subordina a todas las demás” (2014, p. 21), o sea, la incorporación de la agenda “identitaria” a los proyectos políticos de izquierda encuentra todavía grandes desafíos.

El tema del papel del Estado para el funcionamiento del capitalismo globalizado es central para entender el tiempo presente. Para Wacquant, por ejemplo, lo que tiene de “neo” el neoliberalismo es “la reingeniería y la reestructuración del Estado como principal agencia que conforma activamente las subjetividades, las relaciones sociales y las representaciones colectivas apropiadas para presentar la ficción de los mercados como real y relevante”. En suma: lo que tenemos en el neoliberalismo, en la interpretación del autor, es un Estado gerencial que adapta la sociedad al mercado. El núcleo central del neoliberalismo sería, “una articulación entre Estado, mercado y ciudadanía, en la cual funcione como dispositivo el primero para imponer la marca del segundo a la tercera” (2012, p. 509). Para el autor, “la penalización de la pobreza emergió como un elemento central de la implementación doméstica y de la difusión a través de las fronteras del proyecto neoliberal, del ‘puño de hierro’ del Estado penal, unido a la ‘mano invisible’ del mercado, ambas en conjunción con el desgarramiento de la red de seguridad social.” (2012, p. 506).

Esta interpretación se contrapone a aquella que indica que el neoliberalismo se caracterizaría por un simple retiro del Estado. Aquí él asume no menos sino más protagonismo, una perspectiva distinta o inclusive opuesta de aquella que tenía en el Welfare State. Esos análisis son corroborados por Standing (2014) para quien la globalización neoliberal no consiste en procesos de desregulación en sí, sino de re-regulación. O, como dice Rancière la liquidación del llamado Estado de Bienestar no es el repliegue del Estado: se trata de la redistribución, entre la lógica capitalista del seguro y la gestión estatal directa, de instituciones y operaciones que se interponían entre ambos (2014, p.105-106).

Esa opacidad generada tanto por el colapso del real y existente socialismo cuanto por las crisis de las socialdemocracias y su Welfare State, forjaron las condiciones políticas para que el liberalismo económico (neoliberalismo) se presentase como la única forma de organización económica y social que permitiría cumplir la promesa de la modernidad de instituir a la ciencia, la técnica y la planificación al servicio del control racional de la naturaleza y de la sociedad.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que esa afirmación fuese perentoriamente desmentida. Aumento de la desigualdad social –y no solo en los países llamados periféricos-, crisis de las migraciones, crisis financiera, crisis ecológica, etc. Es decir, el neoliberalismo globalizado demostró ser incapaz de promover el bienestar de la población mundial; por el contrario, intensificó varias contradicciones, lo que para el pensamiento de izquierda no fue, obviamente, ni sorpresa ni novedad. Las contradicciones internas de los regímenes neoliberales y su incapacidad para dar respuestas a los varios problemas sociales –pobreza, concentración escandalosa de la renta, tratamiento inhumano de los migrantes políticos, desequilibrio ecológico, etc.- acabaron por producir una descreencia en la propia política en cuanto tal, propiciando así las condiciones de posibilidad para el surgimiento de movimientos radicales de derecha, los cuales, en última instancia, cuestionan la propia democracia.

Estamos presenciando en los últimos años el crecimiento de un autoritarismo populista –en muchos casos de carácter nacionalista- que defiende valores ultraconservadores. Asistimos a una crisis de la política que afecta a los partidos políticos tradicionales que son cuestionados por movimientos radicales de derecha que se valen de mecanismos bastante cuestionables éticamente sostenidos en los nuevos medios digitales de (des)información. Una de las estrategias utilizadas es la diseminación de informaciones que en su mayoría son falsas y que estimulan la ira, la rabia o inclusive el miedo entre sus potenciales militantes (normalmente dirigidas a los extranjeros, aquellos que hacen opciones sexuales o religiosas divergentes o no convencionales, etc.) que producen una movilización política militante. Como bien ha descrito Da Empoli (2022) producen y se nutren de un caos, donde lo que cuenta y dirige la acción no son argumentos racionales o la verdad, sino los afectos. Esos movimientos son una amenaza para las democracias que pueden morir, como demostraron Levitsky y Ziblatt (2018), no por un golpe de Estado, sino por corrosión, por dentro, de sus principales instituciones.

Es importante resaltar que las relaciones entre el credo neoliberal en el plano económico –el llamado libre mercado mundial- y la política son bastante curiosas. Parece no existir una relación directa entre el liberalismo económico y la democracia, como podría sugerir la expresión “sociedades democráticas liberales”. Por ejemplo, Piketty (2020, p. 966) cita una frase de uno de los heraldos del neoliberalismo, el economista Hayek, que afirmó: “personalmente, prefiero un dictador liberal a un gobierno democrático sin liberalismo”. Hace unos pocos años un conjunto de empresarios brasileños se manifestó en una red social en el sentido de que preferían una dictadura –para sus negocios- antes que un posible gobierno de izquierda, haciendo alusión a una posible victoria electoral del candidato del Partido de los Trabajadores.

Lo que vemos hoy en el plano mundial es el uso de la violencia en forma de guerras (Gaza, Ucrania), de amenazas de guerra o intervención directa (Venezuela) o de avance sobre la soberanía con tratados de comercio asimétricos y extractivistas y posibles “ejercicios militares conjuntos” (Argentina) para afirmar intereses económicos o de dominio político en el plano externo; y en el plano interno, la aparición y consolidación de gobiernos autoritarios que, aun cuando se trate de gobiernos elegidos por el voto popular, corroen la democracia por dentro en la medida en que fragilizan las instituciones de control.⁴

Vimos cómo el contexto (económico, político y cultural), en el cual nuestro campo está envuelto, es condicionado en el entendimiento, bastante controversial, de temas como la democracia, el (neo)liberalismo, la inclusión y la desigualdad. Por esa razón, a continuación, haremos una desagregación conceptual para lograr mayor claridad exactamente a respeto de los desafíos a que este contexto nos enfrenta.

3. Democracia

“Si las palabras sirven para confundir las cosas, es porque la batalla respecto de
las palabras es indisociable de la batalla respecto de las cosas” (Rancière, 2014, p. 117)

Pocas cosas son tan difíciles de definir en el lenguaje político como lo es el término democracia. Por un lado, porque el recorrido de esta expresión es casi tan largo como la propia historia de Occidente, lo cual la torna semánticamente aluvional; por otro, porque la apropiación del término por parte de diferentes corrientes de pensamiento ideológico –y de intereses en juego- inviste a la democracia de sentidos ambiguos cuando no contradictorios. Así, la democracia como idea se presenta resistente a grandes acuerdos, irreductible a posibles síntesis. No obstante lo dicho, y gracias a la numerosa literatura disponible, resulta necesario ensayar algunas conjeturas frente a un concepto tan trascendental para la vida pública y privada, tan invocado desde diversas organizaciones e instituciones, tan reclamado desde el sentir popular… y tan frecuentemente cooptado, malversado o manoseado.

Podríamos comenzar trazando una primera frontera histórica remitiéndonos a la metáfora de Hobsbawm (1997) quien, al hablar de la “doble revolución” (el período que se abre en Europa entre 1789 y 1848), vincula a la revolución francesa –de corte principalmente político- con la revolución industrial inglesa –fundamentalmente de cuño económico- como un mismo volcán regional cuyos dos cráteres entran casi simultáneamente en erupción. Esta “era de la revolución” configura el inicio de lo que él llama “el largo siglo XIX” (1879-1914) al que podemos identificar o superponer de modo tal vez perfecto con ese universo simbólico (Berger y Luckman dixit) llamado Modernidad. No es objeto de este texto describir este proceso histórico social que tanta incidencia tuvo en la vida cultural, social, política y económica –de Europa, en principio, y de América, inmediatamente después-; pero parece innegable que esa formidable ruptura tuvo efectos en los debates en torno a la democracia. En tal sentido, podría decirse que existe una discusión premoderna y otra moderna alrededor de este concepto.

Así Bobbio (2015) señala tres tradiciones teóricas premodernas. La primera de ellas sería la aristotélica, caracterizada por el debate sobre la isonomía, la igualdad de normas como base de la república, idea que se suma a la tensión clásica entre autoridad y libertad. Frente a esto, el filósofo griego argumenta su conocida clasificación teórica de las formas de gobierno y sus correspondientes degeneraciones: la monarquía (tiranía, despotismo), la aristocracia (oligarquía) y la democracia (demagogia). Existe en esta tradición una fuerte desconfianza en la democracia (que tiende fácilmente a la corrupción) y una mayor simpatía hacia un gobierno de los más capaces (que nunca pueden ser los pobres o los esclavos). La segunda tradición es la romano-medieval, en la cual asoma tímidamente el primer esbozo de soberanía popular: el pueblo es el titular del poder, pero es el príncipe quien lo ejerce; con lo cual se insinúa, inclusive, la idea de división de poderes y de cierto “contrato social”. Finalmente, la tradición republicana, con fuerte impronta de Maquiavelo, intenta una síntesis entre la tripartición griega (monarquía, aristocracia, democracia) y la bipartición latina (república –gobierno limitado por leyes-, reino –gobierno no limitado por leyes-). La idea de esta república, que aún no tiene visos democráticos, es que, tanto en el gobierno como en la confección de las leyes, participen muchos: esta idea de policracia anticipa el rasgo democrático de las repúblicas modernas, siempre que identifiquemos a la democracia con la participación popular en la toma de decisiones (de manera más o menos directa) y a la república como una forma de gobierno del estado (basada en la división de poderes y en la igualdad ante la ley). Y aquí nos encontramos en los umbrales del debate moderno sobre democracia: los nombres de Montesquieu, Saint Just, Robespierre y Rousseau comienzan a vincular república y democracia en un entramado ideal, es decir, democracia y república como “reino de la virtud” para eliminar el despotismo, y, a la vez, jurídico, democracia y república como formas de llevar a la realidad el contrato social y la soberanía popular.

Siguiendo a Bobbio, a partir de la “doble revolución” la idea de democracia adopta visiones contradictorias, incluso opuestas, al cristalizarse los polos ideológicos del siglo XIX: liberalismo y socialismo. La democracia liberal es una democracia “moderna”, esto es, la de la libertad individual, la de los derechos civiles, antes que “antigua”, la de las asambleas de ciudadanos. Conocidos pensadores como Tocqueville o John Stuart Mill sólo consideran compatible con el estado liberal un modelo de democracia representativa, en el cual un grupo de ciudadanos (los parlamentarios) asumen la representación del demos (que inclusive “goza” del derecho a no elegir), sentándose así las bases para la creación y reproducción de una “clase política”. La democracia liberal tiende a crecer más en un sentido cuantitativo que cualitativo: por una parte, aumentando el universo de electores con derecho a voto (mujeres, personas sin instrucción ni patrimonio, etc.); por otra, multiplicando los órganos de representación (consejos, organismos deliberativos a nivel municipal, etc.). Es decir, como menciona Bobbio, la representatividad es el principio-límite. En cambio, dentro del ideario socialista, la democracia es un elemento integrante y necesario, pero no constitutivo. Integrante, porque refuerza la base popular; necesario, pues es herramienta de las transformaciones que requiere una sociedad para ser más justa; pero no constitutivo, pues no asegura la emancipación económica. En este contexto, el sufragio se entiende como punto de partida y no como meta, ya que no garantiza el control popular sobre el poder de manera cotidiana. Tras las reflexiones de Marx sobre la Comuna de París (1870), Lenin propone un tipo de democracia basada en consejos obreros para evitar que el poder popular se traslade a los parlamentarios y de allí a las grandes empresas. Estas ideas tuvieron predicamento en Rosa Luxemburgo, Gramsci, Korsch y otros: esta nueva democracia tendría como efecto que el estado deje de ser una mera representación de los ciudadanos para convertirse en una comunidad de trabajadores o confederación de consejos obreros.

La encrucijada que se abre con la confrontación entre el modelo liberal y el modelo socialista de democracia implica, al menos, dos discusiones. La primera de ellas aborda un problema que podríamos denominar elitismo/no elitismo vs eficacia/ineficacia. Desde esta perspectiva, la democracia representativa (liberal) fomenta la consolidación de una “clase política” que en presencia de “control desde abajo” (aristocracia) o sin él (autocracia) constituye una minoría bastante autónoma que se reproduce a sí misma y que compite por el voto del electorado, y a eso se reduciría la soberanía popular. Pero, por su parte, una democracia directa ejercida por consejos de trabajadores u otra forma de organización colectiva no parece fácil de sostenerse en el contexto de una sociedad de masas. La segunda encrucijada podría encuadrarse dentro del clásico esquema democracia formal vs democracia sustancial. Entendemos por democracia formal a aquella en la cual el problema se reduce a un conjunto de reglas y procedimientos: la ciudadanía in totum es el elector, el poder ejecutivo y legislativo son elegidos por el voto popular, cada ciudadano representa un voto, los electores son libres y cuentan con opciones, la toma de decisiones se adopta por mayoría, etc. Otros insumos que alimentan el debate en torno a la democracia formal son los sistemas de gobierno (presidencialista o parlamentarista), la cantidad de partidos en disputa (bipartidismo o multipartidismo), las formas de confrontación entre oficialismo y oposición (bipolares o multipolares), etc. Si bien todos estos no son elementos insustanciales, tampoco son suficientes o determinantes en el objetivo de alcanzar el bien común. Del lado de la democracia sustancial la cuestión clave es la aspiración a la igualdad. El concepto de igualdad, en este marco, no puede agotarse en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, ni tampoco en algunas fórmulas que han demostrado su invalidez, como la llamada “igualdad de oportunidades” tantas veces invocada en el ámbito educativo. Se trata, como diría Sen (1995) de una igualdad de posición, lo que implica ampliar los límites de la igualdad de lo jurídico a lo económico, es decir, el poder real. En tal sentido, la conocida expresión que reza que la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo parece quedar en interdicción: puede haber gobierno del pueblo –como resultado de un proceso electoral libre y transparente- sin que haya gobierno para el pueblo –toda vez que ese mismo gobierno toma decisiones que favorecen a minorías privilegiadas en detrimento de las mayorías-. Y, asimismo, podría darse el caso de gobiernos que no son estrictamente del pueblo –dado que esas autoridades no contaron con el aval del voto popular- y sin embargo despliegan programas en favor del desarrollo de las clases subalternas con vistas a reducir la desigualdad social –como ocurrió en algunos ejemplos por la vía revolucionaria-. Llegados a este punto, discursivamente, las llamadas democracias sociales o socialdemocracias, muy propias del estado de bienestar europeo de las décadas posteriores a 1960, intentaron establecer una síntesis cuyo decadente desenlace es bien conocido.

Nos importa aquí poner el énfasis en la construcción de condiciones que superen la desigualdad, raíz de toda injusticia, sin menospreciar los procedimientos (ingeniería electoral, modelos de gobierno) y organizaciones y modelos de participación y representación (desde partidos políticos hasta sindicatos, desde organizaciones sociales de base hasta redes de solidaridad informales). Este camino, cuyo pavimento ha sido maltratado e incluso destruido en nombre de la misma democracia, resulta fundamental, en especial para quienes hemos hecho de la educación nuestra profesión y nuestra forma de militancia social. En tal sentido, nos preguntamos si el concepto de inclusión social –oportunamente puesto en agenda, particularmente en los gobiernos progresistas de América del Sur en los primeros quince años de este milenio- es suficiente para encarar un camino en pos de la igualdad o, al menos, en la reducción de una penosa y humillante desigualdad. O si, por el contrario, nos hemos conformado con situaciones de desahogo para las mayorías en una suerte de inclusión con desigualdad, en las que el mercado –el poder que no se somete a elecciones- amplía cada vez más la distancia entre ricos y pobres y al estado le queda el papel de auxilio para sacar a los desposeídos de su desesperante situación. Volveremos más adelante sobre este tema.

4. Neoliberalismo

Si frente al término democracia pudimos comenzar a desplegar un análisis de tono casi descriptivo, esto resulta imposible de cara al neoliberalismo. Como sistema económico, como forma política, como visión ideológica y, sobre todo, como cultura, el neoliberalismo nos impele a una toma de posición que no puede ser neutral. Tal vez, si adoptáramos una minuciosa rigurosidad terminológica, convendría partir por el examen de un término que lo antecede, liberalismo, para poder establecer qué es lo nuevo –neo- de esta forma que ha cobrado el capitalismo en las últimas cinco o seis décadas. Pero la extensión de este trabajo nos impide semejante abordaje y, acaso, no nos competa del todo. En todo caso, lo mencionado en el punto anterior sobre la democracia liberal puede ofrecer alguna referencia general.

Desde una perspectiva latinoamericana, Grimson (2007), señala que es posible caracterizar al neoliberalismo como una política económica a partir de ciertos rasgos: amplia apertura comercial, que muchas veces se expresa en tratados de libre comercio; privatización de empresas de servicios públicos y de la explotación de los recursos naturales, que implica una cesión de soberanía por parte del estado nacional; desregulación de la actividad económica en general, lo cual se expresa en la hegemonía del mercado para tomar decisiones estratégicas, desde la formación de precios hasta las relaciones laborales y contractuales; liberalización de mercados de capital, con ausencia del estado en el control de la banca, el comercio exterior y las operaciones financieras especulativas; ajuste fiscal, que redunda siempre en un achicamiento de los recursos del estado destinados al gasto público (especialmente, en asistencia social); y políticas sociales focalizadas, que no son generales (como podría serlo el ingreso universal) sino dirigidas a paliar crisis específicas para evitar el desborde social. Aclara Grimson, que las políticas neoliberales no fueron aplicadas de la misma manera en los diferentes países de América Latina. Agregamos por nuestra parte que, por ejemplo, en el caso argentino, los ciclos neoliberales tuvieron signos políticos diferentes: la dictadura cívico militar (1976-1983), los gobiernos de “centro” (justicialista, 1989-1999, y radical, 1999-2001), el gobierno de derecha (2015-2019) y el actual gobierno libertario (desde 2023); pero, aunque tuvieron rasgos diferentes, todos ellos se caracterizaron por el fuerte endeudamiento externo (con organismos multilaterales de crédito y acreedores privados) que lejos de aplicarse a políticas de desarrollo se transformaron en formidables oportunidades de especulación financiera con formación de activos en el extranjero (lo que suele llamarse “fuga de capitales”). En Brasil, las políticas neoliberales tuvieron impacto a partir de la “apertura política” (la dictadura militar instalada en 1964 terminó oficialmente en 1985) y la elección de Collor de Mello (1989). Sin embargo, fue durante los mandatos de un presidente identificado con la social-democracia que las reformas consideradas neoliberales tuvieron mayor avance, principalmente en lo que respecta a las privatizaciones. Igualmente, con los avances en la protección social, los gobiernos sucesivos del Partido de los Trabajadores (los primeros mandatos de Luiz Inácio da Silva y Dilma Roussef), no lograron romper totalmente con la orientación neoliberal que fue retomada más fuertemente a partir del impeachment contra la presidenta Dilma Roussef y más recientemente, de forma aún más virulenta, con el gobierno de Jair Bolsonaro. Como buen antropólogo, Grimson no se detiene en estos temas, aun reconociendo el profundo impacto negativo de estas acciones en el grueso de la población. “Como configuración cultural (…), el neoliberalismo incidió (e incide) en los modos en que el mundo es narrado, en los sentidos adjudicados al pasado y al futuro, en las características de los proyectos intelectuales, las prácticas de la vida cotidiana, la percepción y el uso del espacio, los modos de identificación y acción política.” (2007, p. 11). Veremos más adelante el desafío que esta percepción entraña.

Por su parte, diez años antes, Bourdieu (1997), pensando en un contexto occidental más amplio –pero, probablemente, estrechamente ligado al norte global- hacía una descripción bastante más lúgubre del neoliberalismo. En primer lugar, señalaba que, desde el punto de vista económico, el neoliberalismo es desregulación financiera; pero esta posición, se apura a aclarar, trae aparejada una acción transformadora (y destructora, subraya) de la práctica política al cuestionar toda estructura colectiva. Para justificar esta opinión recurre a cuatro elementos: un Estado-Nación con márgenes de maniobra cada vez más recortados; una estrategia de individualización de contratos y salarios que atomiza a los trabajadores; una apreciación desvalorizante de los sindicatos, asociaciones y cooperativas; y hasta un ataque directo a las propias familias a través de la pérdida del control sobre sus consumos. En segundo lugar, Bourdieu establece que la fuerza “social” del neoliberalismo se alimenta de la fuerza político-económica de los actores a quienes representa: un arco que va desde las grandes empresas a los cuadros políticos conservadores –incluyendo entre estos últimos a gran parte de los socialdemócratas europeos-, desde los grupos de poder financieros hasta los medios de comunicación. Y esto se da en un marco en que la brecha entre la economía y las realidades sociales se va ensanchando: de ahí la importancia de la discursividad neoliberal, del relato que sostiene a la ideología con independencia de sus resultados reales. En tercer lugar, el autor opinaba que la maquinaria neoliberal afecta a más estratos de la población de los que suele suponerse. En el campo del empleo, los trabajadores son reclutados en condiciones de indefensión, con evaluaciones periódicas de rendimiento individual basadas en objetivos de productividad difíciles de alcanzar y contratos a término. Esto produce una suerte de “autoexplotación” bajo el engaño de estar integrados a una “gerencia participativa”: se produce así la paradoja de producir trabajadores fidelizados con altos niveles de precarización. No obstante, esto también ocurre en los niveles gerenciales toda vez que las empresas, en pos de la rentabilidad de sus accionistas, se mueven temerosamente frente a la amenaza de “perder la confianza de los mercados”. En cuarto lugar, Bourdieu reflexiona que éstas son las razones por las cuales el neoliberalismo pregona la necesidad de contar con bancos centrales “independientes” del poder político del ejecutivo nacional. Esta operación de subordinación del estado al mercado va en línea con algunas de las cuestiones ya planteadas: desregulación del mercado laboral, control del déficit y la inflación, privatización de servicios públicos y reducción del gasto social.

Llegados a este punto, conviene recuperar los señalamientos que formulan tanto Grimson como Bourdieu. El primero nos advierte sobre la implicancia política de los sentidos comunes (en plural), ya que estos hablan tanto de cómo se instituye la hegemonía como de su eficacia en los sectores subalternizados. La hegemonía, dice Grimson es “un proceso histórico de institución de límites precisos a la imaginación social y política” y, por esa razón “es necesario distinguir las luchas sociales y culturales que se desarrollan dentro de esos marcos de aquellas otras que desafían las fronteras o buscan, aún más, modificar las fronteras de la imaginación de una etapa histórica (…) Las primeras operan dentro de los límites de una imaginación social y política; las segundas producen cambios, de escala diversa, sobre esa imaginación.” (2007, p.12).

Por su parte, Bourdieu se pregunta si el mundo económico (del mercado) es simplemente un orden puro y perfecto expresado en el discurso dominante, despiadado y represivo, dispuesto a disminuir el costo de la mano de obra, el gasto público y los derechos laborales. O se trata de la puesta en marcha de una “utopía” de la cual el neoliberalismo es su programa político. El problema está, para Bourdieu, en que la pretendida descripción “científica” de esta utopía sobre el mundo real se basa en los postulados “teóricos” de los intereses que el neoliberalismo representa. Bourdieu no duda en llamar a esta inversión de procedimientos “teoría desocializada y deshistorizada”, “teoría pura” y, más aún “pura ficción”. El discurso neoliberal no es sólido argumentativamente: su fuerza radica en tener a su disposición “todas las potencias de un mundo de relaciones de fuerza que contribuyen a hacer de él lo que es, sobre todo cuando orienta las preferencias económicas de aquellos que dominan las relaciones económicas” (1997, p. 1), reforzando con su pseudocientífica discursividad, una dimensión simbólica. Es decir, el neoliberalismo se presenta como una creencia, ya que lo que pregona no se advierte como resultado: se asegura la felicidad a través del “derrame” y se constata pauperización de cada vez más amplios sectores sociales. Y destaca, a su vez, que la encarnizada insistencia con que el neoliberalismo desacredita al Estado y las instituciones encuentra como contracara la resistencia de redes de solidaridad que mantienen el barco social a flote. Seguramente por esta razón, el autor enfatiza la incidencia de esta doctrina en los sistemas de enseñanza, determinantes en la producción de bienes y servicios, pero también en la producción de productores.

Entre la caída del muro de Berlín (9 de noviembre de 1989) y el derribamiento de las Torres Gemelas (11 de septiembre de 2001) parece trazarse una ancha frontera: a un lado y otro de esta década liminal se extienden relaciones bien diferentes entre capitalismo y democracia. En el pasado, la conveniente –y tal vez, convincente- alianza entre estos términos parecía indisoluble; pero el siglo XXI nos pone ante un escenario en el cual, esa coalición entre capitalismo y democracia parece haberse roto (Martí y Ríos, 2024). Hasta hace unos años, el capitalismo y la democracia lucían como un buen matrimonio; no obstante, la consumación del divorcio se avecina. En este contexto, el mercado “funciona”, nada impide que aparezcan nuevos y vigorosos regímenes autoritarios y esto es posible también gracias a una apática actitud frente a los derechos de los individuos. Las “soluciones” autoritarias para resolver los problemas más acuciantes, por su parte, ya no enfrentan el rechazo categórico de amplias capas de la población (Spitz, 2019). Esto último implica que los frenos inhibitorios que la democracia podía interponer tienden a desaparecer o, al menos, hacerse más lábiles, generando así las condiciones de posibilidad para una dictadura del mercado. O como “decía” el muro de un terreno baldío en los 90: “Que el comunismo no haya sido una solución no implica que el capitalismo haya dejado de ser un problema.” Si está agotada esa asociación es posible que nos preguntemos a qué democracia debemos aspirar si el fin último es el bien común, pregunta que se vuelve acuciante frente al fracaso del modelo “intermedio” de la socialdemocracia ya mencionado.

Resulta inevitable a la luz del último párrafo preguntarse si neoliberalismo y democracia son realmente términos compatibles; o, en todo caso, con qué democracia sería compatible el programa neoliberal. La pregunta no es capciosa ni malintencionada cuando, en nuestra historia reciente, hemos visto cómo el modelo económico social neoliberal tuvo “facilidades” para su aplicación, como sucedió en Chile con la dictadura encabezada por Pinochet (1973-1990). Nos gusta pensar que una economía social de mercado o un modelo de socialismo participativo (Piketty, 2020), es decir, no autoritario, fuese posible; pero, aunque se trate todavía un horizonte lejano, es oportuno no perderlo de vista a fin de no renunciar y terminar cayendo en una postura posibilista.

El credo neoliberal parece haberse sostenido más en el fracaso del comunismo soviético que en sus propios logros en pos de generar felicidad para las mayorías. Desaparecido el “fantasma” del bloque oriental, mensajes como los de Fukujama y el fin de la historia se tornaron creíbles y aceptables.

¿Puede la democracia sostenerse a sí misma por su carácter político sin un esquema económico que la sostenga? ¿Y cuál sería ese esquema económico que se oriente a la redistribución de la riqueza y no represente una amenaza para los intereses concentrados? Tal vez ésta sea, en última instancia, la razón por la cual Rancière (2014) le confiera a la democracia un carácter precario.

5. Desigualdad y exclusión

Los estudios sobre exclusión social y desigualdad parecen correr en paralelo con las investigaciones críticas sobre neoliberalismo. Pero, como advierte Kessler (2018), los estudios sobre pobreza chocaron rápidamente –al menos en Argentina- con tres límites de diferente signo y tenor. Por un lado, muchos de esos estudios fueron impulsados por organismos de crédito multilateral que, con sus políticas, eran los principales propiciadores del incremento de la situación que pretendían analizar. Por otro, por la desconfianza en que, centrados en la pobreza, esos estudios opacasen las cuestiones relativas a la desigualdad distributiva, la precarización laboral y el análisis de sus implicancias teórico-políticas. Finalmente, por la tendencia que mostraron numerosos escritos a homogenizar a los pobres. Añade el autor que no se trata de abandonar el concepto de pobreza, pero sí de analizarlo a la luz de las ideas de desigualdad y exclusión y nos ofrece un dato paradigmático: “América Latina no es la región más pobre, pero sí es la más desigual.” (2018, p. 5).

La exclusión social y la pobreza son términos asociados, pero no idénticos: la condición de pobre puede conducir a la exclusión o viceversa. Si una persona o grupo es pobre, puede no ser excluido en la medida que su participación social, su reconocimiento social o sus relaciones sociales estén garantizadas. Pero también es cierto que, si la exclusión es la negación o no acceso a derechos civiles, sociales y políticos, esto puede conducir a la pobreza. Puede decirse que la noción de exclusión social tiene su nacimiento en Francia y se expande luego al resto de Europa Occidental. El autor retoma así un estudio hecho en ese país en 1974, para indicar quiénes quedaron al margen del estado de bienestar: los huérfanos, los ancianos solos, los toxicómanos, las personas con discapacidad. La izquierda no tarda en criticar esta perspectiva que deja afuera las condiciones de clase. Habrá que esperar a las grandes olas de desempleo y a la llegada en masa de inmigrantes del este europeo y del norte de África para que la idea de exclusión sea más abarcativa y más transversal. Ya no bastaba con asistir a la población no apta para el trabajo: desempleados de larga duración, jóvenes que buscaban sin éxito su primer trabajo, jefas de hogares monoparentales y otros grupos empiezan a presionar con sus demandas sobre los servicios sociales ofrecidos por el Estado. Es decir que tres lustros más tarde con el término exclusión se intenta dar cuenta de un proceso que afecta a poblaciones muy distintas pero cuyo destino común es la penuria. Esta noción permite que la brecha entre derecha e izquierda se estreche: las minorías sexuales y los inmigrantes también serán parte –en algunos casos- de las políticas sociales tendientes a superar la exclusión, que no se focalizarán exclusivamente en la variable económica (a través, por ejemplo, de un ingreso mínimo), sino que incorporarán las dimensiones de “proyecto” (de vida) y de protección de formas de trabajo vulnerables y la consideración tanto de los individuos como de grupos y territorios.

No obstante lo expuesto, Kessler señala que se sostiene en esta mirada más integral una persistencia binaria o dicotómica: incluidos y excluidos. El enfoque multidimensional o pluralista salva en parte este defecto: desde la Organización Internacional del Trabajo se consideran, inicialmente, tres esferas de exclusión: del trabajo (no acceso), en el trabajo (sobreempleo e informalidad) y de ciertos bienes y servicios. Esto se amplía a otras formas, según la singularidad de cada país o territorio: la exclusión respecto del acceso a la tierra, a la justicia y la libertad, a la igualdad de género, al crédito, etc. Es decir –y esto vale especialmente para el caso latinoamericano-, algunos sectores pueden estar incluidos en algunas esferas y excluidos en otras. Para quienes nos dedicamos a la educación, éste es un dato relevante para mirar, por ejemplo, si la sola escolaridad asegura la inclusión sin considerar las ostensibles diferencias de calidad en la enseñanza, o si este proceso debe ir de la mano de otras dimensiones del problema (familias pobres que envían sus hijos a la escuela pero que no disponen de servicios públicos básicos ni acceso a bienes culturales).

Sin restar importancia a los debates en torno a la exclusión, cabe preguntarse si en América Latina las políticas públicas destinadas a la inclusión social –que formaron parte de las agendas de los gobiernos progresistas, populares o de centroizquierda de diversos países en los primeros quince años de este milenio- fueron eficaces a la hora de reducir la desigualdad. La respuesta no es sencilla, pero existen algunos datos desalentadores: mientras en muchos países el Índice de Desarrollo Humano (IDH) mejoraba –merced al crecimiento de la matrícula escolar, la ampliación de planes de vacunación, el descenso de la mortalidad y la desnutrición infantil, el acceso a estudios superiores o el crecimiento del empleo formal entre las mujeres, entre otras acciones-, el Coeficiente de Gini empeoraba –es decir, se ampliaba la brecha entre los más ricos y los más pobres, aumentando la concentración de riqueza en manos de muy pocos-; y esto sin contar las diferencias territoriales regionales al interior de cada país.

Otro contraste singular es el que se da entre acceso a ciertos bienes (“democratización del consumo”), que en algunas regiones se incrementó, con el estancamiento de la movilidad social ascendente, incluso en momentos de cierta recuperación de la distribución de la renta. Un párrafo aparte merecería el estudio del alza en la criminalidad acompañado por la falta de acceso a la justicia, o la creciente segregación social y espacial (barrios más homogéneos hacia su interior, pero más desiguales entre sí), cuyo efecto sobre la desigualdad es innegable. Otras paradojas que podrían reseñarse en el contexto que podríamos denominar de “inclusión sin igualdad” podrían ser el acceso más amplio a la educación superior (que ya comienza a advertirse como un derecho extendido en algunos de nuestros países) frente a la incertidumbre que despierta la volatilidad del mercado de trabajo; o ciertos discursos favorables respecto a la diversidad, consagrado en el corpus legal de varios de nuestros países, frente a las viejas y nuevas formas de discriminación –por ejemplo, a las comunidades de pueblos originarios o de afrodescendientes- y ciertas formas de violencia en aumento –a las mujeres o colectivos disidentes.

¿Puede considerarse este collage de contrastes y paradojas ajeno a la cultura neoliberal? ¿O no es acaso el neoliberalismo diseñador y ejecutor de discursos y prácticas que promueven la naturalización de la segmentación social como si la desigualdad fuese un destino? ¿No existe conexión alguna entre el poder económico que ejerce el gran capital de manera omnímoda y las estrategias de debilitamiento de la democracia a través de las “novedosas” fake news? ¿No es el neoliberalismo el autor intelectual y material de las enmascaradas formas de golpe a través del law fare?

6. Algunas preguntas para cerrar este artículo y abrir los siguientes

La magnitud de los temas hasta aquí planteados no permite cerrar la discusión; pero, en atención a la estructura de este dosier, queremos dejar planteadas algunas preguntas.

A la luz de los problemas planteados, ¿es posible armonizar una democracia sustancial que tienda a la igualdad en el entorno de una cultura neoliberal? Como ya señalamos, la experiencia histórica en países de Sudamérica ha demostrado la convivencia de regímenes autoritarios (dictaduras) con políticas económicas neoliberales. ¿Se trata de una contradicción? ¿O el libre mercado es más importante que la democracia misma? O aún más, ¿será que la propia democracia (liberal) es un atributo menor del neoliberalismo que tiende a embellecerlo y legitimarlo? Si aceptáramos la hipótesis de que la confrontación con el capitalismo fuese una suerte de batalla perdida de antemano, ¿no existen acaso alternativas para una economía social de mercado o “socialismo participativo”? La derrota del campo socialista a partir de la disolución de URSS y la caída del muro de Berlín, ¿debe interpretarse como el “triunfo de la verdad” del capitalismo y su modelo de democracia liberal? Nos parece oportuno, también, interpelar a la “clase política” toda vez que la política como “profesión” se escinde del demos como lo que cualquier otro colectivo profesional puede hacer con sus prácticas especializadas; esta separación es uno de los elementos que nos permite juzgar si la democracia es sólo el gobierno del pueblo, pero no para el pueblo. ¿No termina esto despolitizando la propia política? ¿No es ése, acaso, el proyecto estratégico del neoliberalismo? Si los intereses de los inversores están por encima de las necesidades y demandas populares, si el neoliberalismo no puede exhibir resultados en materia de redistribución y se comporta más como una fe, ¿a quiénes les sirve esa democracia atada a los mercados?⁵

La desigualdad y la exclusión no nos parecen subproductos no deseados de la cultura neoliberal, no son un “daño colateral”: son la condición de la aplicación de sus recetas. La igualdad y la inclusión, como contrapartida, tampoco deberían incorporarse como parte de una discursividad en línea con la “corrección política”: son imperativos de la educación.⁶ En tal sentido, nos parece oportuno realizar dos ejercicios. Por un lado, reeditar las preguntas que comenzamos a formular a fines de los años ochenta y principio de los noventa en el marco de las llamadas teorías críticas de la educación: ¿Qué se puede hacer desde la Educación y la Educación Física para enfrentar a la desigualdad creciente? ¿Qué discursos pueden habilitarse desde la Educación y la Educación Física, desde sus prácticas cotidianas, para crear alternativas al pensamiento neoliberal? ¿Qué acciones pueden desplegarse en la escuela, en el deporte, en la educación superior para reducir la exclusión? Por otro, reflexionar sobre cuáles han sido las “respuestas” que hemos ofrecido y en qué medida esas propuestas han incidido en prácticas transformadoras o, en cambio, resultaron estériles o ineficaces. Han pasado varias décadas desde la recuperación de las democracias en España y Portugal (a mediados de los años setenta) y en Sudamérica (a mediados de los años ochenta); en ese lapso, hemos experimentado desde la disolución del bloque socialista al surgimiento de diversas perspectivas “pos” (posmodernidad, posverdad, poscomunicación), desde la inclusión de nuevos temas en las agendas públicas (perspectiva de género, multiculturalidad, decolonialidad, preocupación por el medio ambiente) a la naturalización de estrategias político-comunicacionales signadas por la falsedad (fake news, low fare). Estimamos que es tiempo de ser críticos frente a nuestras propias posturas críticas y evaluar sin condescendencias el impacto real de nuestras prácticas y discursos en el campo de la educación en general y de la Educación Física en particular. ¿Resultaron suficientes, por ejemplo, los procesos de adhesión a pedagogías críticas o cierto “giro” hacia las ciencias sociales operados en nuestro campo?

La impronta neoliberal ha marcado profundamente nuestra percepción de la realidad y, tal vez, nos asomemos a lo político con ciertas suspicacias que fortalecen/refuerzan los procesos de despolitización. ¿Existe un desapego de los y las profesionales de la Educación Física respecto del debate político? ¿Se cree que es menos “profesional” nuestra labor si nos involucramos con una dimensión crítica del mundo político, económico, social y cultural? Y finalmente, ¿cuáles pueden ser los caminos a recorrer para superar la fragmentación entre nuestras prácticas y la realidad social? ¿Y cuáles para superar la fragmentación de los sectores de izquierda, progresistas o populares, fragmentación que allana el camino de las “nuevas derechas”?

Declaración de autoría o roles de colaboración

Escritura: Valter Bracht y Carlos Gabriel Carballo

Revisión, traducción (parcial) y edición: Carlos Gabriel Carballo

Referencias

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Notas

Recepción: 12 febrero 2026

Aprobación: 20 febrero 2026

Publicación: 01 octubre 2026

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional